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Ley del Clima Europea, la cuenta atrás

 27/03/2020

Ricardo Migueláñez, director general de Qcom.es, un periódico digital creado por Agrifood Comunicación y promovido por un equipo de expertos en agroalimentación y consumo, con la intención de unir los intereses de la cadena y conseguir que cada día estén más próximos, con beneficio para todas las partes.

La Comisión Europea (CE) presentó el pasado 4 de marzo la Ley del Clima Europea, que es la base para consagrar el principal objetivo del Pacto Verde Europeo (Green Deal): Que la Unión Europea (UE) sea climáticamente neutra. Es decir, que el resultado de restar de las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, las mitigaciones o absorciones de GEI sea igual a cero en el año 2050, fijando para este periodo transitorio una trayectoria concreta de actuación.

Sin saber aún qué efectos sobre el calendario tendrá la pandemia del coronavirus (Covid-19), extendida en mayor o menor grado por todo el continente europeo y a nivel global, lo previsto es que en septiembre se cuente ya con un análisis de impacto exhaustivo para ver cuál puede ser el nivel de ambición del bloque europeo hasta esa fecha, además de revisar el objetivo de reducción de emisiones GEI en 2030, fijado en la actualidad en el 40%, para llevarlo al 50% e incluso al 55% respecto a los niveles de emisión de 1990.

De sobra conocido es que el sector agro-forestal de la UE será uno de los principales protagonistas de este plan comunitario, tanto por lo que lo sufre, al ser uno de los más afectados en sus cultivos por el actual cambio climático, como por su clara, y creemos que aún minusvalorada, contribución a mitigar los efectos del mismo. De ahí que sea necesario contar con la plena contribución e implicación de este sector, o será muy difícil siquiera acercarse a los objetivos previstos.

En septiembre de 2023, como tarde, y luego cada quinquenio, la CE evaluará la coherencia de las medidas nacionales y europeas en relación al objetivo de neutralidad climática propuesto, y podría presentar algo más que recomendaciones a los Estados miembros sobre la trayectoria a seguir en el tramo 2030-2050, en caso de considerar que la misma y las acciones que desarrollan se está desviando o son incompatibles con dicho objetivo, ya que estarán obligados a seguirlas o a justificar el motivo por el cual no lo han hecho. Si no lo hacen, correrán el riesgo de recibir sanciones por incumplimiento.

La Comisión quiere también tener la potestad de revisar los objetivos a partir de 2030 y por periodos de cinco años hasta 2050, con el fin de prever ajustes en base a criterios científicos en la trayectoria hacia la meta de la neutralidad climática, solo si fuese necesario.

En este calendario, la CE también plantea que, como muy tarde en junio de 2021, se revise o se proponga revisar todos los instrumentos políticos pertinentes para lograr las reducciones adicionales de las emisiones GEI para 2030. Es decir, la revisión de las normas sobre el reparto del esfuerzo para alcanzar la neutralidad climática, que afecta a sectores que, como la agricultura, no están sometidos al sistema europeo de comercio de cuotas de emisión; sobre el uso de las tierras, el cambio de uso de las tierras y la silvicultura (LULUCF - Land Use, Land-Use Change and Forestry), y sobre las energías renovables.

Además, será la CE la encargada de evaluar, antes de que vaya a adoptarse, cualquier proyecto de medida o de propuesta legislativa que se haga en relación al objetivo central de neutralidad climática. También se pretende exigir a los Estados miembros que, a su vez, formulen y apliquen estrategias de adaptación para reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Más ambición
 
El 5 de marzo, un día después de la presentación del proyecto de Ley del Clima Europea, que ahora ya está en manos del Consejo y del Parlamento Europeo, se reunieron los ministros de Medio Ambiente de la UE para intercambiar sus primeras impresiones.
 
Doce Estados miembros, entre ellos España con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Riber, pidieron a Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo y responsable del Pacto Verde Europeo, que la CE tenga una mayor ambición y determinación en el objetivo concreto de reducción de emisiones de CO2 para 2030, con el fin de llevarlo a la COP26, que en noviembre acogería la ciudad de Glasgow (Escocia). Estos países apuestan por reducir las emisiones GEI en al menos un 50% en 2030 respecto a los niveles de 1990 y, a ser posible, llegar al 55% en ese año.

Según la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, “actuamos hoy para hacer a la UE el primer continente neutralmente climático en 2050. La Ley Climática es la traducción legal de nuestro compromiso político y nos marca irreversiblemente la senda hacia un futuro más sostenible. Es el elemento central del Pacto Verde Europeo, y ofrece previsibilidad y transparencia a la industria y los inversores europeos, orienta nuestra estrategia de crecimiento ecológico y garantiza que la transición será gradual y justa.”
 
Teresa Ribera destacó como ámbitos de acción prioritarios dentro del Pacto Verde Europeo los sectores industrial y agrario, a los que hay que apoyar para que sean capaces de modernizarse, ser más eficientes y adaptarse a los impactos del cambio climático; alineando la fiscalidad con los objetivos climáticos, disminuyendo las actividades que perjudican al medio ambiente y frenando la pérdida de biodiversidad como gran prioridad.
 
Ahora, como la UE en su conjunto, con la Ley Climática Europea cada Estado miembro deberá elaborar su propia estrategia climática nacional, como ya ha propuesto el Gobierno español para su presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como exige el Acuerdo de París.

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